La citación de Olivares también alcanza al inspector General de Justicia, Diego Martín Cormick, para que informe la situación legal de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sospechada de operaciones de lavado de dinero en la mencionada entidad bancaria.

El diputado nacional quiere a Vanoli, el titular de UIF y el inspector General de Justicia concurran para dar explicaciones ante la Cámara baja, por lo que consideran “una pantalla de impunidad” en torno a la expropiación dispuesta por Beder Herrera.

“Legítimamente tenemos derecho a dudar sobre el verdadero objeto de la expropiación; intuimos una pantalla de impunidad, lo cual nos obliga a interpelar a los titulares de organismos nacionales con competencia en este tipo de actuaciones”, explicó Héctor Olivares sobre el proyecto de resolución mediante el cual cita a las autoridades.

La citación de Alejandro Vanoli, presidente del Banco Central de la República Argentina, es para que informe sobre la expropiación y transferencia de acciones del Nuevo Banco de la Rioja, en tanto que José Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), deberá explicar sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos durante los últimos dos años por parte del Nuevo Banco de La Rioja (NBLR).

La citación de Olivares también alcanza al inspector General de Justicia, Diego Martín Cormick, para que informe la situación legal de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sospechada de operaciones de lavado de dinero en la mencionada entidad bancaria.

En los fundamentos del proyecto, el legislador nacional hace un racconto de los hechos que terminaron con la expropiación de las acciones privadas del Banco Rioja hace unas semanas, pasando por liquidación y privatización en 1991 (también en manos de Beder Herrera) y la privatización en el 2000.

“El Nuevo Banco de La Rioja sigue siendo una sociedad anónima comercial, no una sociedad del Estado, y la expropiación aprobada en la Legislatura provincial tiene vicios en el procedimiento. El origen del actual conflicto quizás haya que buscarlo en lo que el Banco Santiago del Estero considera “la interpretación más aceptable”, y que “se relaciona con los controles dispuestos por el BCRA relativos a la prevención de operaciones de lavado de dinero”, advirtió.